De izquierda a derecha la moderadora María Angélica Prada, Daniel Rojas, Kairen Gutiérrez, Carlos Francisco Toledo, Beatriz Garzón, Juan Sebastián Acero y Martha Bernal, en panel comparten experiencias de las entidades que representan.
En el programa Hambre Cero se han estado apoyando los procesos de economía popular, desde el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización y la producción para el autoabastecimiento, la soberanía y la sostenibilidad alimentaria: “Esto permitirá que se fortalezca la producción local y rural de campesinos y campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, y permita el autoabastecimiento para eliminar el hambre de las comunidades campesinas”, explicó Kairen Gutiérrez, directora nacional del programa Hambre Cero, del Ministerio de la Igualdad, en el panel Alianza público-populares y otros mecanismos de asociatividad público-populares: un nuevo paradigma sobre el rol de los sectores populares en el desarrollo productivo.
El evento se realizó en la sede principal de la Universidad del Rosario en Bogotá, en el contexto de los conversatorios Perspectivas y desafíos de la economía popular en América Latina, organizado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, iNNpulsa Colombia, la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Estos diálogos se desarrollan en el marco de la preparación para la conferencia ministerial sobre inclusión que se realizará en el Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE.
A su turno, Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, manifestó sobre la economía popular que no era un tema que hiciera parte de algún gobierno anterior a este, y que el programa de Gobierno de Gustavo Petro lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, PND: “Eso nos puso a innovar, a beber de la teoría para ir a la praxis, entender qué es la economía popular, establecer diálogos para tener en común la dimensión de lo popular, romper paradigmas. Antes no había una dimensión de lo popular que permitiera comprender que se hablaba de la mayoría del pueblo trabajador y que permitiera construir una visión holística de cómo diseñar las políticas públicas”.
La reflexión llevó a hacer un foro que les permitiera a los funcionarios de la SAE entender lo popular, sus identidades y lograr comprender que no es lo mismo popular a pobre, sino que es una característica que comparten los pueblos negros, los campesinos, la urbanidad y la juventud, entre otros.
Beatriz Garzón, asesora de la Unidad Solidaria, comentó que su entidad trabaja por el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria. No obstante, lo novedoso con el actual gobierno es que a través del PND se pide el fomento de la economía popular y comunitaria: “Comenzamos a trabajar ese lineamiento con una herramienta que es la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. También surgen propósitos como trabajar en red en los territorios, crear circuitos asociativos solidarios que eliminen la tercerización y que acerquen al productor con el consumidor final, en los proyectos productivos de todas las comunidades”.
Ejemplificó con algunos circuitos asociativos solidarios para mostrar cómo la economía popular es la entrada, el inicio de un proceso que respeta la autonomía y el propósito de buscar pasar de proyectos productivos de menor escala, a la industrialización.
Carlos Francisco Toledo, director (e) de Colombia Compra Eficiente, explicó que los lineamientos del actual Gobierno generan resistencia, y que uno de esos lineamientos es la inclusión de la economía popular. Identificó como retos la caracterización de esta economía, y desde la entidad que dirige, cómo si hay un registro único de proveedores, cómo hacer un registro único de economías populares.
Entre los obstáculos para desarrollar estas economías, Toledo expuso el manejo de la plataforma Secop II, sobre todo en las zonas rurales, donde además la conectividad es muy mala, ya que el portal exige mucha capacidad de ancho de banda. Por lo anterior, próximamente saldrá una plataforma de fácil manejo que se llamará Mi mercado popular, en la que los proveedores subirán sus catálogos de productos y las entidades estatales podrán comprarles a las organizaciones de la economía popular.
Martha Bernal, asesora del Ministerio de Minas y Energía, aseveró que hablar de economía popular es hablar de trabajadores: “Entonces la señora que vende en la calle no es reconocida como trabajadora, sino como pobre, y eso significa que le generamos subsidios, no reconocemos su trabajo y por tanto, no estamos reconociendo derechos asociados a ese trabajo. En ese sentido, en primer lugar, deben ser reconocidos como trabajadores. Y, en el PND la definición de economía popular quedó como comunidades económicas, ni siquiera trabajadoras”.
Sobre las alianzas público-privadas, señaló que es necesaria una democratización de activos que le permita a las comunidades desarrollarse y mejorar sus condiciones, como lo han hecho con las comunidades energéticas. Habló de un cambio de enfoque para acercarse a los sectores populares, por lo que cuestionó la Ley 80 que es para sectores empresariales que tienen músculo financiero, por lo que hay que hacer cambios en la institucionalidad, sacarla de su enfoque neoliberal y pensar y diseñar un Estado diferente.
Por último, Juan Sebastián Acero, Coordinador de iNNpulsa, comentó que ha habido un cambio conceptual y de enfoque acera de la construcción de política pública: “Desde la construcción del plan de gobierno nos pensábamos estos temas y veíamos que la institucionalidad no estaba construida para reconocer esas demandas populares y esto es una demanda social desde hace muchos años, que se sintetiza en la idea de la informalidad, que ha desconocido el tejido productivo y cómo se ha producido desde los territorios”.
Recalcó que la economía popular se desarrolla en las condiciones del capitalismo periférico y que no existen unas normas como un derecho laboral para lo popular, como tampoco un derecho mercantil, o cómo es la idea de empresa. En ese sentido, en respuesta a esta deuda social del Estado es que el plan de gobierno lo reconoce, y el DANE está trabajando para censarla, para con esos datos reconocer también territorios, liderazgos, saberes, organizaciones y formas de gestión en relación también con el cuidado de la naturaleza.
