En el marco de la implementación de la sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, lideró el curso en asociatividad solidaria. Este espacio formativo estuvo dirigido a organizaciones mineras, jóvenes y líderes comunitarios de los municipios de Quibdó y Atrato.
El propósito central de esta iniciativa fue fortalecer las capacidades de los participantes en modelos de asociatividad y economía comunitaria, como herramientas para la construcción de paz y el desarrollo sostenible del territorio. Uno de los puntos clave fue sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de transitar hacia prácticas económicas sostenibles, dejando atrás las actividades extractivistas que impactan negativamente el medio ambiente y las comunidades.
Durante las jornadas, se realizó un taller enfocado en la Agenda de Asociatividad para la Paz, que busca articular a las comunidades en la promoción de alternativas económicas responsables, inclusivas y respetuosas con el entorno. Se presentaron también experiencias de organizaciones solidarias del territorio como la de los joyeros Asotranvidas, Amupí y la cooperativa Comercaquibdó, mostrando cómo la asociatividad solidaria puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía local y el sostenimiento de la región.
Este esfuerzo conjunto entre el gobierno y las comunidades busca transformar el modelo económico tradicional en el Chocó, promoviendo iniciativas que prioricen la protección del río Atrato y el bienestar de quienes habitan en su cuenca. La transición hacia nuevas formas de economía, basadas en la solidaridad y la sostenibilidad, se plantea como una herramienta para fortalecer el tejido social y garantizar un futuro más equitativo.
“Abandonar las prácticas que dañan nuestro entorno es una necesidad urgente. Tenemos la oportunidad de construir una economía que respete nuestra tierra y beneficie a todos por igual”, expresó uno de los líderes asistentes.
El taller representa un paso significativo hacia el cumplimiento de los derechos ambientales y humanos establecidos en la sentencia T-622, consolidando un compromiso por parte de las comunidades y las instituciones hacia un desarrollo más justo y sostenible.
Fuente: Revista Chocó
