El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, propone en su plan de gobierno el Pacto por la economía popular, entendiendo esta como la economía que surge cuando los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo.
Entre ellos, se encuentran la mujer campesina, los microempresarios y todos quienes creen sus propios circuitos de comercialización. En su discurso de posesión, el mandatario se refirió este aspecto como como una segunda oportunidad, resaltando que la economía popular no está completamente separada de la economía global de mercado. Cada vez se inserta más en los principios del mismo capitalismo, pero amparada en la redistribución del ingreso para promover el consumo de las mayorías.
El Pacto con la economía popular busca recuperar la confianza en el Estado y la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos dos tercios de la población económicamente activa, que realiza su trabajo en la llamada informalidad, de los cuales el 80% trabaja por cuenta propia, principalmente en actividades que no les permiten ganar ni siquiera un salario mínimo mensual.
El Estado reconocerá a estos trabajadores que producen valor social y económico sobre la base de la garantía de derechos, a través de la construcción de una política pública mediante procesos de concertación directa con los trabajadores de la economía popular.
La propuesta incluye el fortalecimiento de la institucionalidad para la promoción y el fortalecimiento de la economía popular con el objetivo de constituir alianzas público-populares para la colaboración entre el Estado, las organizaciones comunitarias y territoriales y los trabajadores. Lo anterior a través de la realización de compras de bienes y servicios a las organizaciones de la economía popular, mediante procesos de contratación directa y bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Contempla, además la creación de líneas especiales de microcrédito y crédito condonable para las organizaciones de la economía popular, con líneas especiales de financiación y mediante exigencia de requisitos y garantías flexibles y con el respaldo del Estado.
Otro de los puntos propuestos en el documento es articular las tiendas populares de manera asociativa al sistema de microcrédito público, involucrando en este proceso al sistema financiero público, la banca cooperativa y proveerá alternativas a la banca privada para los actores de la economía popular.
Se promoverá la formación de los trabajadores de la economía popular a través del SENA, así como la formalización y reconocimiento de sus oficios para fortalecer la capacidad organizativa, técnica y productiva de la economía popular y así garantizar su crecimiento y sostenibilidad. Se les dará primacía como los proveedores de bienes y servicios para la administración pública y las empresas privadas.
La propuesta contempla el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía popular, la creación de un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados, y la situación de los trabajadores de la economía popular será considerada en todos los programas estatales.
