Atender estas necesidades es vital para garantizar el crecimiento de las unidades económicas. Si bien el indicador de inclusión financiera señala que el 92 % de los adultos colombianos tiene al menos un producto financiero formal, al ver con más detalle la cifra hay brechas importantes. Solo el 36 % de la población adulta tiene al menos un producto de crédito financiero formal y se evidencian rezagos en las microempresas y en las zonas rurales.La economía popular está atada al modelo de buen vivir, así lo afirma la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste. La noción va más allá de la idea de producir o del capital. Como dijo en entrevista con este diario Mauricio Sabogal, decano de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la misma institución, tiene una relación muy cerca con la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes.
Antes de entrar en materia hay que aclarar, ¿qué es la economía popular? No hay una única definición. César Giraldo, experto en el tema, la define como aquellas actividades que realizan las personas para garantizar su subsistencia, algunas son mercantiles y otras no mercantiles. En las mercantiles se buscan recursos para sobrevivir, aquí se incluyen, por poner un ejemplo, los tenderos. Las no mercantiles buscan responder a problemas de subsistencia con actividades de cuidado colectivo, por ejemplo, las ollas comunitarias.
Les contamos algunos de los puntos clave de esta conversación que está tomando más relevancia, teniendo en cuenta que economía popular es uno de los términos más usados en política pública y anuncios por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Si hablamos de las actividades mercantiles, de acuerdo con el DANE, en Colombia hay 5,3 millones de micronegocios, que típicamente son clasificados como micro y pequeñas empresas. Muchas de estas son unidades económicas de una sola persona. Para hacerse una idea, Sabogal señala que el “90 % de las unidades productivas en Colombia facturan menos de $200 millones al año y estas emplean a 80 % de la fuerza laboral, tanto formal, como informal”.
En esta conversación, especialmente cuando el foco es la tecnología, entran plataformas digitales como Uber o Rappi y todo lo que implican en el debate de cómo asumir los cambios en las formas de entender el trabajo, pero sin permitir que la flexibilización laboral se convierta en precarización.
Samai Camacho, presidenta de la Asociación Colombiana de Conductores de Apps, reconoce que hay temas por mejorar, pero ve en estas plataformas un aliado estratégico para la ciudadanía, para la movilidad y para quienes deciden generar ingresos, entre otros, “jóvenes, mujeres cabeza de hogar y personas mayores”.
Como explica Giraldo, muchas de estas actividades se entienden como ilegales, algunas incluso se criminalizan. Por eso, para avanzar —dice el experto— es necesario reconstruir el contrato social, estableciendo obligaciones, pero también derechos sociales. Para eso, las políticas públicas deben incluir a los sectores populares y reconocer “los territorios, saberes, organizaciones, oficios y cadenas productivas”, en lugar de pretender ajustarlas a estándares tradicionales. “Debemos dejar de entender el mundo social con paradigmas históricos”.
Mónica Lorena Ortiz, subdirectora de Desarrollo Productivo del Departamento Nacional de Planeación, explica que en el Plan Nacional de Desarrollo hay dos artículos para la inclusión financiera de estas unidades. En el artículo 79 se incluyen varios instrumentos, desde seguros para que los bancos quieran entregar crédito, hasta líneas especializadas.
Uno de los retos más grandes —dice Ortiz— es la falta de información, ya sea porque las unidades están reportadas en Datacrédito o porque no han ingresado al sistema financiero formal. De ahí que en el PND también se incluye el concepto de “open finance”. La subdirectora explica que, básicamente, se busca que la información disponible permita caracterizar a las unidades de la economía popular para crear instrumentos a la medida de sus necesidades.
Diferentes visiones se plantearon en el encuentro y, sin duda, queda un largo camino para darle a la economía popular las herramientas que necesita. Un primer paso es entender sus lógicas, no negarlas. Y, si se busca aumentar las obligaciones de los sectores populares, donde se garanticen los derechos.
