Representantes de la Comisión Séptima de la Cámara de representantes radicaron el proyecto de ley 384 de 2023 que tiene el objeto de modificar la Ley 731 de 2002 y establecer acciones afirmativas que involucren a las mujeres rurales, de tal modo que, de manera eficaz, se garanticen los principios de igualdad, equidad, acceso a la educación cualificada, asistencia técnica, crédito, tierra, comercialización de sus cosechas y productos transformados, desarrollo empresarial, desarrollo ambiental, políticas de sostenibilidad, políticas de mitigación de riesgos, participación democrática activa, tecnología, salud, protección social, infraestructura social, infraestructura productiva, soberanía y seguridad alimentaria, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y servicios financieros, que les permitan mejorar sus ingresos y condiciones de vida, y ser reconocidas como un sujeto que aporta al desarrollo y economía del país, reduciendo la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el campo colombiano y eliminando barreras de discriminación legal hacia la mujer.
Este proyecto defiende el derecho de las mujeres rurales a no ser objeto de discriminación y violencia, a determinar libremente su condición política, a perseguir, participar y aprovechar libremente del desarrollo económico social y cultura de acuerdo a lo señalado por uno de los ponentes, el representante Hugo Archila: “Este proyecto defiende el “derecho de las mujeres rurales a no ser objeto de discriminación y violencia, a determinar libremente su condición política, a perseguir, participar y aprovechar libremente del desarrollo económico social y cultural ya que, las mujeres desempeñan un papel significativo en la producción alimentaria mundial”.
En torno al tema se llevó a cabo una mesa de trabajo que contó con la asistencia de los delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de la directora del Programa Mujer Rural, Natalia Jaramillo; la senadora Lorena Ríos y la representante Ana Paola García, coautoras de esta iniciativa; la delegada del Ministerio del Trabajo, Karen Lorena Valencia; el delegado del Ministerio de Comercio, Manuel Álvarez; la representante de FINAGRO, Graciela Méndez y representantes de la Federación Nacional de Departamentos, Agrocomunal, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad (UPTC), el Observatorio Javeriano de Desigualdades, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria) entre otros.
