A través de un modelo cooperativo que elimina las barreras de la intermediación y fomenta la agroecología, la Federación Campesina Mercored y la Unidad Solidaria consolidan un circuito que devuelve el valor justo a la tierra y proyecta el primer Centro de Empoderamiento Comercial Campesino de la región.

El campo colombiano enfrenta un laberinto estructural que históricamente ha condenado al pequeño productor a la pérdida de sus cosechas o a la sumisión frente a los precios impuestos por los intermediarios. En Santander, este panorama está cambiando radicalmente gracias a la gestión de la Federación Agroalimentaria y Agroambiental Campesina, Mercored, que busca democratizar el acceso al mercado formal y garantizar la soberanía alimentaria del territorio.
Tras dos décadas de resistencia comunitaria, Mercored ha logrado identificar y cuantificar las talanqueras burocráticas y económicas que asfixian al campesinado. De acuerdo con Pedro Javier Duarte, representante legal de la organización, existen aproximadamente 70 ítems comerciales, normativos y fiscales —que van desde la facturación electrónica obligatoria y costosos paquetes logísticos hasta exigencias de seguridad laboral y formatos de fumigación— que incrementan en un 32% el costo de venta de los alimentos campesinos.
Este andamiaje institucional termina por marginar a los productores de las centrales de abastos tradicionales, espacios que, en palabras de Duarte, nacieron para el campesinado, pero terminaron cooptados por gremios con un fuerte poder económico de intermediación.
Frente a este escenario, Mercored opera como una organización de segundo piso que asume la carga administrativa, la logística y la facturación, permitiendo que más de 30 asociaciones en Santander y el sur de Bolívar fijen directamente el precio de sus productos, asegurando un pago justo. Esta estrategia ya muestra frutos sólidos: desde hace tres años, la federación actúa como operadora directa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), abasteciendo con alimentos frescos como piña, tomate, plátano, frijol y cacao transformado a las minutas nutricionales de la niñez y madres gestantes en municipios como Piedecuesta y Bucaramanga.
La transformación del circuito comercial no es puramente económica; es también ambiental y cultural, un pilar sostenido por las mujeres campesinas. En Lebrija, la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas de Lebrija, liderada por Isolina Niño, celebra este año tres décadas de iniciativa comunitaria. Lo que comenzó como una convocatoria para 150 mujeres en 12 veredas para visibilizar su rol más allá de las fronteras domésticas, hoy es un baluarte de resistencia ecológica.
Mercedes Rodríguez, una de las integrantes que dejó atrás su profesión como enfermera para dedicarse a cuidar la vida en la tierra, relata el cambio de paradigma en la región. Tradicionalmente, el monocultivo de piña en Lebrija conllevaba la tala indiscriminada hasta el borde de las quebradas, convirtiendo los terrenos en desiertos secos. Frente a esto, la asociación implementó proyectos de agroecología, erradicando los venenos químicos, promoviendo el compostaje orgánico y sembrando 3.000 árboles nativos en las cuencas hídricas. Hoy, esas fincas no solo producen comida limpia, sino que han recuperado sus fuentes de agua.
Sin embargo, el impacto de la intermediación seguía golpeando sus esfuerzos. Isolina, como líder comunitaria de la zona, recuerda con indignación las épocas en que el mercado tradicional pretendía pagar apenas 2.000 pesos por una canastilla de mandarina, cuando el solo transporte en moto y bus desde las veredas lejanas (como El Salado, Río Sucio, Centenario o La Cuchilla) costaba 22.000 pesos. "Preferíamos que se la comieran los pájaros o regalarla entre vecinos".
La alianza con Mercored rompió ese círculo vicioso. Bajo la coordinación de las lideresas, los productos de cada vereda —desde los cítricos y el aguacate hasta los derivados lácteos— se unifican y se despachan de forma directa, garantizando la sostenibilidad económica del trabajo de la mujer rural y promoviendo un relevo generacional.
El trabajo colaborativo con la Unidad Solidaria apunta ahora hacia la infraestructura y el fortalecimiento asociativo. Ante la dificultad de acceder a locales comerciales en las centrales de abastos tradicionales —cuyos arriendos mensuales pueden oscilar entre los 5 y 8 millones de pesos, una cifra inalcanzable para cualquier asociación de primer piso—, la alianza gestionó ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la entrega de un bien inmueble.
Este espacio albergará el primer Centro de Empoderamiento Comercial Campesino, un epicentro diseñado para que los productores negocien directamente con la institucionalidad pública y el sector privado, sin intermediarios.
La meta a largo plazo de este circuito solidario es ambiciosa: demostrar que es posible erradicar el hambre en Colombia si el Gobierno nacional subsidia los alimentos directamente desde la transformación comunitaria, permitiendo que las clases populares accedan a productos de primera calidad a mitad de precio en las ciudades.
Con la inauguración de este centro, Mercored y la Unidad Solidaria no solo aseguran un canal de comercialización eficiente, sino que entregan una herramienta clave para la juventud rural, integrando la tecnología al campo para demostrar que la tierra no es sinónimo de miseria, sino una empresa social, sostenible y vital para el futuro del país.