En un gesto de responsabilidad institucional, la Unidad Solidaria, junto con el Ministerio del Trabajo y las entidades que conforman el sector Trabajo, radicó este lunes ante la Procuraduría General de la Nación el informe consolidado de empalme, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y del deber constitucional de garantizar la transparencia, la continuidad de la función pública y el acceso a la información institucional.
La entrega del documento se realizó luego de que el Gobierno nacional manifestara, de manera reiterada, su disposición para desarrollar el proceso de empalme con el gobierno entrante, un ejercicio que finalmente no pudo materializarse.
La Unidad Solidaria dejó a disposición de los organismos de control un reporte integral sobre su gestión, sumándose al informe consolidado que también integró a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la Superintendencia del Subsidio Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Colpensiones.
El informe consolidó la gestión desarrollada durante el cuatrienio, incluyendo la ejecución de políticas públicas, el estado de los programas estratégicos, la situación presupuestal y financiera, los procesos contractuales, judiciales y administrativos, así como los principales desafíos que deberá afrontar el sector en los próximos años, incluida la agenda de fortalecimiento de la economía solidaria en el país.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la entrega de este informe ratificó el compromiso del Gobierno con la transparencia y la institucionalidad:
"Desde el primer día manifestamos nuestra voluntad de realizar un empalme amplio, técnico, transparente y respetuoso con el Gobierno entrante. Al no concretarse ese ejercicio, hoy entregamos oficialmente toda la información del Sector Trabajo a la Procuraduría General de la Nación para que quede en custodia de los organismos de control y del país. Cumplimos con nuestro deber constitucional y con la responsabilidad de garantizar que la gestión pública quede plenamente documentada y disponible para quien deba ejercerla".
Con este acto, la Unidad Solidaria reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y dejó constancia de una gestión que impulsó la economía solidaria, popular, comunitaria y campesina en Colombia durante los últimos cuatro años. La radicación del informe constituye así un acto de responsabilidad institucional que fortalece los principios de transparencia, asegurando que la información oficial permanezca disponible para las autoridades competentes y para el adecuado seguimiento de la gestión pública.
