La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, le pidió al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dar la prioridad necesaria a las organizaciones cooperativas y comunitarias para la entrega de bienes que fueron decomisados a la mafia y que en este momento se encuentran en progresivo deterioro.
La solicitud la elevó en el marco de la Asamblea Nacional de Economía Solidaria, Popular y Comunitaria organizada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria), que se llevó a cabo el 28 y 29 de julio en Neiva y que contó con la presencia del presidente de la república, Gustavo Petro.
La titular de la cartera ministerial indicó que “Propongo un tratamiento expedito, para que las asociaciones comunitarias, y cooperativas, puedan tener un acceso más rápido, por ejemplo en La Guajira uno de los grandes problemas que tienen las comunidades Wayuu es que no tienen balsas, sus canoas son de madera, se demoran casi 9 horas para ir a la pesca, la SAE, tienen bajo custodia canoas de fibra de vidrio, pues entonces que se les entregue a los pescadores y ellos puedan así dignificar sus trabajo”.
Con esta propuesta la ministra demuestra la importancia de impulsar los procesos de la economía popular y comunitaria como motor de la reindustrialización en Colombia, en especial para las comunidades que únicamente han venido sosteniéndose por los cultivos ilícitos y la minería ilegal cuando se afirma que “esta es la ruta, a través de la industrialización del desarrollo del campo y del reconocimiento de esta economía popular, solidaria y comunitaria, que va a dinamizar a través del presupuesto general de la nación, para que estas personas puedan asociarse y avanzar y en la reforma laboral, donde queden puestos los ejes claros que son la centralidad de la estabilidad laboral para que Colombia sea un país de derechos”.
