En el marco de la Ley 2046 del 2020, de Compras Públicas Locales, entidades del Gobierno nacional se dieron cita en la ciudad de Cartagena para dialogar y crear consensos en torno al fortalecimiento de la economía rural, de los sistemas de alimentación y de la adquisición de alimentos por parte de los gobiernos locales, además de buscar el empoderamiento del campesinado y la articulación interinstitucional para incrementar la seguridad alimentaria en el país.
La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos tiene como misión asegurar el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. Su objetivo principal es fortalecer el acceso a alimentos de origen local mediante la implementación del Sistema Público de Información Alimentaria, el desarrollo de estrategias de compra directa a pequeños productores y la capacitación de entidades territoriales y agricultores, promoviendo así la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.
En el evento, Mauricio Rodríguez Amaya, director nacional de la Unidad Solidaria, hizo un llamado a la articulación interinstitucional entre entidades del Gobierno nacional: “este esfuerzo busca consolidar el encadenamiento productivo y fomentar la agroindustrialización en el territorio nacional. A través de la asociatividad solidaria se promueve un modelo económico inclusivo que facilita la comercialización y asegura una mayor integración de los pequeños productores a los mercados nacionales. Este enfoque es esencial para el desarrollo sostenible de las economías”.
En el evento también participaron el ICBF, INVIMA, SENA, Unidad Solidaria, las gobernaciones de Córdoba, La Guajira y Atlántico, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas de Colombia, organizaciones de pequeños productores agropecuarios y la Unidad de Servicios Carcelarios, entre otros.
El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, señaló que: “El Estado colombiano realiza compras por más de 6 billones de pesos, y la mayor parte de estos recursos terminan en grandes superficies y grandes empresarios. Sin embargo, una ley nos exige que al menos el 30% de esas compras, es decir, 2 billones de pesos, se destinen a la economía solidaria, beneficiando a los campesinos y sus asociaciones”.
Con estas acciones se reafirma el compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento de las compras públicas locales de alimentos, impulsando el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en el país.
