El 10 de junio se cumplen ocho años de promulgada la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo es dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de los hechos de violencia, ocurridos dentro del conflicto armado desde 1985 en los 32 departamentos del país.
Durante su vigencia, el Gobierno Nacional ha invertido, aproximadamente, 11 billones de pesos para la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado, de los cuales seis billones se han destinado a la indemnización de cerca de un millón de personas, según un comunicado de la Unidad de Víctimas.
“Durante los ocho años de vigencia de la ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV), en el que, entre 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido cerca de nueve millones de personas (8.816.304), de manera individual, que constituyen el 17,7% de la población del país”, señala en sus apartes el comunicado.
Esta ley ha reparado a comunidades campesinas, colectivas y barriales, organizaciones, grupos, pueblos étnicos y movimientos sociales. En el tiempo de legislatura han sido indemnizadas 986.961 víctimas, con 6,1 billones de pesos.
La reparación integral a las víctimas implica no solo una indemnización monetaria o la restitución de bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no se repitan .
La Ley ampara no solo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación.
Con la creación de esta norma el Estado colombiano ha avanzado en el reconocimiento pleno del conflicto armado, de las víctimas que ha dejado y de su responsabilidad, ha erigido un modelo de reparación integral que las involucra como protagonistas y ha presupuestado casi 55 billones de pesos para compensarlas en la primera década de su aplicación.
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ha venido desarrollando procesos de asociatividad solidaria con población víctima en los últimos años, contribuyendo al beneficio de más de cinco mil personas e igual número de familias, como parte de la estrategia de equidad.
