Esta Jurisdicción Agraria y Rural sería el nuevo poder que la Constitución Política le otorga a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.
En plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto pasó con 96 votos a favor y 30 en contra. Después de este último debate, a la ley le resta la conciliación en las plenarias del Congreso y la revisión de la Corte Constitucional.
Esta Jurisdicción complementa las ya existentes en el país, la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa, la Jurisdicción Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y ahora, la Agraria y Rural, que busca saldar una brecha histórica en Colombia.
Muchas regiones colombianas han sufrido durante décadas el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. A través de esta nueva instancia de la rama judicial se busca solucionar, de forma rápida y sencilla, las disputas agrarias que involucran varios actores rurales como el campesinado y las comunidades étnicas que ameritan garantía de derechos especiales.
Los procesos que atendería esta Jurisdicción son el uso y tenencia de la tierra, contratos de aparcería y otros contratos agrarios, lanzamientos por ocupaciones de hecho, uso de recursos comunales en predios agrarios, posesión de predios rurales privados, servidumbres agrarias y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
Con este proyecto, el Gobierno nacional busca eliminar las barreras de acceso que enfrenta el campesinado para acceder a la justicia y defender sus derechos. Por ello, la Jurisdicción Agraria y Rural se enfoca en la “defensa técnica gratuita para que cualquier sujeto de especial protección, perteneciente a comunidades campesinas y grupos étnicos, o quien no cuente con los recursos suficientes pueda tener la representación de un abogado que le asesore y represente en todas las diligencias judiciales. La existencia de un proceso ágil y rápido que permita a los jueces actuar de forma proactiva para recolectar las pruebas necesarias para administrar justicia bajo los principios del Derecho Agrario”, según el Ministerio de Justicia.
Esta ley contribuye, además, a la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 junto a otras iniciativas que se habían venido aplazando en los últimos años. La iniciativa solo necesita conciliación en las plenarias y de ahí pasará a manos de la Corte Constitucional para el análisis de una sentencia acorde con la Constitución Política de Colombia y así consolidarla.
