En Colombia, según un estudio de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el mercado especializado en atender las necesidades de compra de las Entidades Estatales en Colombia está avaluado en cerca de 2,5 billones de pesos anuales. La cifra está dividida entre el Ministerio de Educación, con el Programa de Alimentación Escolar (PAE); los programas del ICBF y el sistema penitenciario y carcelario. Adicionalmente, también hacen parte del listado las Fuerzas Armadas, programas departamentales, hospitales, universidades y en general todas las entidades que se financian de recursos públicos para la compra de alimentos.
Dentro de ese gran mercado, la participación de la agricultura familiar directa es muy reducida. Según la FAO, la intervención es de cerca del 3 por ciento en casos como el de Antioquia. Este fenómeno solo quiere decir una cosa: aunque se calcula que cerca del 60-70 por ciento de los alimentos del país son producidos por la agricultura familiar, las cadenas de intermediación son gigantescas.
El proceso de compra se desarrolla generalmente cuando un operador del programa (una empresa) tiene que llevar el alimento a instituciones como un restaurante escolar, por ejemplo. Ese operador le compra seguramente a la Central de Abastos, esa le compra a un intermediario que, a su vez, ha tenido que comprarle a una empresa local a la que al pequeño productor tuvo que haberle vendido.
Durante este proceso intervienen entonces cerca de cinco, seis o incluso siete actores que interrumpen los procesos de contratación directos y reducen el ingreso de los campesinos, que venden el producto a precios mucho menores que el precio final que termina pagando el Estado.
De ahí que se haya conformando la Mesa Nacional de Compras Públicas en donde participan entidades como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que tiene la competencia para fomentar todo el tema de economía social y solidaria de parte del Ministerio de Trabajo; el ICBF y las Fuerzas Armadas, entre otros actores. También aparecen ahí entidades del Gobierno que contribuyen a fortalecer las capacidades de producción de esas organizaciones como el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de la Renovación del Territorio (ART), el Invima y algunas entidades departamentales, entre otros.
El objetivo de esta mesa es la promoción de las compras públicas, para esto, desarrolla una estrategia de cinco fases en los territorios rurales del país. El primer momento va enfocado en la articulación en el territorio, es decir, dar a conocer la estrategia y el contacto con las entidades para la socialización del proyecto. En un segundo punto se realiza el enlace con las autoridades territoriales, la socialización de la oferta y le realización de capacitaciones por parte de entidades como el Invima. Para la tercera fase se realiza un proceso de preparación para una rueda de negocios, con las organizaciones que asisten, se les cuenta la metodología, se les explica qué es importante, qué requisitos necesitan, etc. Y finalmente, las dos últimas fases son el desarrollo de la rueda, en donde esencialmente se sientan los operadores de los programas, del PAE, ICBF, por ejemplo y se sientan las organizaciones de productores y negocian; y el seguimiento a la misma.
Con esta estrategia entre 2017 y 2019, en 26 departamentos, se logró la participación de 1200 operadores y 1300 organizaciones. Se firmaron 1039 acuerdos de compra y de estos dos años se efectuaron compras por 25 mil millones. La idea entonces, es que este tipo de procesos se institucionalicen, para que sea desde los mismos territorios, sin la intervención de un agente externo, que se de la iniciativa de llevar a cabo estos procesos que fomenten la compra pública a la agricultura familiar.
Fuente: semanarural.com
