La Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria, se creó a través de la Ley 454 de 1998, expedida el 4 de agosto de 1998. Esta ley reorganizó el marco institucional del sector solidario en Colombia y dio vida a la Supersolidaria como entidad de inspección, vigilancia y control, particularizada a las organizaciones de la economía solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales.
Esta decisión se da después de la crisis del sistema financiero y cooperativo de finales de la década de los 90, en la cual muchas cooperativas y mutuales quebraron por problemas de liquidez y solvencia, resultado, entre otras cosas, de la debilidad de un sistema de IVC para el sector de la economía solidaria.
Sin embargo, 25 años después, la Supersolidaria seguía debatiendo su modelo de supervisión, bajo la dicotomía de la supervisión financiera, para el caso de cooperativas de ahorro y crédito, con el fin de proteger los ahorros de los y las asociadas, y las más de 2.500 cooperativas que no tenían como actividad principal el ahorro y el crédito. Recuerdo que, en una cena con expertos de otros países, a pocos meses de mi llegada a la Supersolidaria, me preguntaban: “¿Qué le supervisan a las cooperativas que no tienen productos de ahorro y crédito?”, precisamente porque la supervisión se concibió, exclusivamente, desde la lógica de los riesgos financieros.
Dicho esto, el reto más importante de la Supersolidaria era adaptar un modelo de supervisión que permitiera fortalecer la especialización de la supervisión basada en riesgos y afianzar los criterios de supervisión para lo que se denomina el subsector de ahorro y crédito -174 cooperativas de ahorro y crédito, más de 1.000 fondos de empleados y alrededor de 60 asociaciones mutuales que ofrecen productos de ahorro-, además de incorporar elementos que permitan entender que el modelo de la economía solidaria es, especialmente, un modelo de cooperación cuyo fin es producir y distribuir bienes y servicios en muchos rincones de Colombia.
Es así como la regulación y la supervisión debe dividirse de acuerdo con la actividad principal de cada subsector -subsector de ahorro y crédito y Subsector real de la economía- de otro modo, si encasillamos la supervisión exclusivamente a lo financiero, como en principio estaba planteado el modelo, estaríamos cerrando la posibilidad a que miles de iniciativas de asociatividad y cooperación para la producción, distribución y consumo, se materialicen. Plantear esta división, aunque no parezca, significa romper con el paradigma de la supervisión, concebida desde la costumbre institucional de la homogenización de los instrumentos de implementación de las políticas públicas.
La Supersolidaria es una Superintendencia que ha sido invisibilizada, pese a que se encarga de la supervisión de sector económico que aporta 4% del PIB y tiene 26% de la población económica activa (más de siete millones de asociados y asociadas). Romper el paradigma de la supervisión, significa pasar del modelo tradicional a uno predictivo, preventivo, territorial y diferencial.
Lo anterior sugiere el mayor de los retos: cambio del ADN de la entidad: un cambio de la perspectiva usual y naturalizada de la supervisión, en un sector que el país necesita modernizar y fortalecer.
Por lo expuesto, se ha diseñado la nueva política de supervisión, que contiene, además de los lineamientos propios en términos de un cambio de perspectiva desde la política pública, un sistema de información que reemplaza el viejo sistema, creado en 1998, y que a la fecha era un obstáculo para tecnificar y ejercer la supervisión de manera más efectiva. Este cambio debe generar una lógica de cambio en clave cultural, para la institución, pero también para las empresas que integran el sector.
Es decir, esta política no se limita al plano técnico: supone una transformación cultural orientada a entender la supervisión como un ejercicio integral, preventivo y generador de valor, capaz de acompañar el crecimiento del modelo de la economía solidaria como pilar del sistema económico.
La Republica
