La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reafirma su compromiso con la economía solidaria, a través de la Escuela de Verano sobre Derecho Cooperativo 2025.
El evento buscó explorar cómo la legislación cooperativa y la capacitación profesional pueden potenciar el trabajo decente, la participación democrática y la sostenibilidad dentro del sector.
La OIT enfatizó que las cooperativas son mucho más que unidades económicas; son espacios de formación, aprendizaje y fortalecimiento comunitario.
Según Simel Esim, responsable de la Unidad de Cooperativas, Economía Social y Solidaria, para que las cooperativas sean sostenibles y eficaces, es imprescindible que sus miembros cuenten con conocimientos técnicos en gestión, contabilidad, planificación estratégica y legislación laboral, al mismo tiempo que comprendan profundamente los principios de autogestión, solidaridad y democracia interna.
El fortalecimiento del conocimiento teórico permite interpretar y aplicar correctamente las leyes cooperativas, mientras que la capacitación profesional asegura una gestión eficiente, transparencia en la administración y mayor capacidad de innovación dentro de las cooperativas.
En conjunto, estas herramientas potencian el impacto social y económico del sector, permitiendo que las cooperativas se adapten a contextos locales e internacionales complejos. Los participantes debatieron desafíos legales y organizativos, promoviendo simultáneamente la formación de profesionales con sólidos conocimientos técnicos y valores cooperativos.
Waltteri Katajamäki, especialista en Economía Social y Solidaria de la OIT, destacó que la combinación de formación técnica con comprensión de los principios cooperativos permite gestionar recursos de manera eficiente, liderar proyectos sociales y fomentar la participación de la comunidad.
La experiencia demostró que la combinación de desarrollo del espíritu cooperativo, consolidación teórica y formación técnico-profesional es clave para que las cooperativas actúen como agentes de transformación social.
La economía solidaria se confirma, así, como un modelo de desarrollo inclusivo, democrático y sostenible, generando beneficios concretos para sus miembros y para la sociedad en general.
