
“Llegó el momento de los compromisos y las acciones concretas tanto del sector como del Gobierno Nacional. Proponemos la aprobación de alguna de las siguientes alternativas: Que se nos dé la discrecionalidad de elegir a qué fondo pertenecer, entre Fogacoop y Fogafín; crear un fondo de naturaleza mixta, y autorizar al movimiento cooperativo para que cree su propio fondo”.
Así lo expresó Enrique Valderrama Jaramillo, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades Financieras (Fecolfin), en entrevista con el diario Portafolio, a propósito de los foros sobre las perspectivas del sector para 2019 que la entidad cooperativa organiza en las principales ciudades del país.
Con esta declaración, el sector financiero cooperativo le pidió al Gobierno que modifique las normas que rigen a las instituciones de economía solidaria en lo que tiene que ver con el fondo que garantiza la protección de los recursos de los ahorradores. Comentó que el sector viene buscando desde el año pasado que el Gobierno Nacional ajuste la regulación en varios frentes, entre ellos la cobertura del seguro de depósito que los ahorradores de las cooperativas financieras y de ahorro y crédito recibirían del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) en caso de alguna eventualidad.
El dirigente gremial también planteó la creación de un fondo rotatorio para la vivienda cooperativa manejado por Findeter y propuso que los recursos del Estado y de los organismos internacionales sean canalizados a través de los bancos de propiedad cooperativa y otras entidades del sector, previamente autorizadas para desarrollar esta función.
Así mismo plantea la revisión de varios de los temas que afectan al sector, entre los que se destacan los siguientes: “la imposibilidad para apertura cuentas de ahorro electrónicas; la diferencia en la retención en la fuente sobre rendimientos de los Certificados de Depósito a Término (CDAT), fijada en el 7%, de nuestras cooperativas frente al 4% del sector financiero, y la limitación de inversión de recursos públicos en cooperativas de ahorro y crédito”.
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